viernes, 18 de mayo de 2012

Crónica del V Congreso Nacional de Derecho Administrativo (jueves 3 de mayo del 2012)

Por: Giancarlo TORRES TOLEDO
Estudiante UNMSM y miembro del Taller de Derecho Administrativo Eduardo Laferriere (TADAEL)
Como todos los años el Congreso se realiza en el campus de la PUCP.  A partir de las 2 p.m. se podía recoger las credenciales y algunos materiales en el Polideportivo (al fondo a la derecha). Luego, desde las 3:00 p.m. empezaban las Comisiones, las cuales contaban con un presidente y vicepresidente que actuaban como moderadores, mientras que otros se encargarían de hacer breves ponencias.  La primera comisión, conformada por Guzmán Napuri y Jorge Pando, abordaría el tema de los retos del Procedimiento Administrativo, mientras que la segunda  comisión, conformada por Jiménez Murillo y Orlando Vignolo, tocaría la Reforma del Estado y el Empleo Público. Yo decidí ir a la segunda comisión.
Como ya indiqué, en las comisiones las ponencias estaban  a cargo de algunos especialistas que disertarían breves pero sustanciosas ponencias. A continuación comentaré cada ponencia de la segunda comisión, así como las impresiones que me dejó.   
Milagros Maraví
¿Es necesaria una reforma del Estado? Obviamente sí. La percepción generalizada es que el estado no funciona y que las cosas están peor en los niveles de gobierno local y regional. Milagros dice que eso no es tan cierto. Si dijéramos que eso es cierto, la solución sería cambiar la forma de Estado Descentralizado por el modelo francés decimonónico centralizado. El modelo descentralizado, según Mily,  no debería estar en discusión.
El Estado, según la Constitución, es unitario, representativo y descentralizado. En consecuencia, cuando un grupo de personas de alguna población opta por tomar una carretera y no poner una esa de dialogo para hablar con  las autoridades estaríamos ante un acto ilegal. También es interesante ver como en caso de conflicto social las personas no acuden al Consejo de Coordinación Intergubernamental, sino que piden la presencia inmediata de un Ministro o del Presidente mismo. Se observa, pues, una falta de institucionalidad y una falta de conocimiento acerca de las competencias propias a cada una de las instituciones del Estado. 
Como ya señalamos, según Mily el problema no está a nivel constitucional, sino a nivel legislativo o reglamentario. Hay un desconocimiento y falta de armonía en las diferentes leyes orgánicas, así como falencias en la misma Ley de Descentralización.  Un ejemplo de lo comentado se observa cuando una municipalidad celebra un convenio de cooperación interinstitucional con una minera para la construcción de un colegio y una red de distribución eléctrica. El problema vino cuando la municipalidad rechazo las obras entregadas porque no se consideraba competente. Tampoco se consideró competente el gobierno regional. ¿Los más perjudicados? La población.
Milagros propone la realización de conferencias sectoriales, cosa que consideró no ayuda mucho a la problemática. Agrega que el objetivo es rediseñar la institucionalidad.
Verónica Rojas.
Verónica señala que hay varios regímenes laborales en el empleo público: está la Ley de carrera pública, el régimen del sector privado, el CAS y el régimen de los altos funcionarios.
La consecuencia de tener varios regímenes es que no tendremos tampoco una definición uniforme de funcionario público. De hecho, hay varias categorías similares con denominación distinta, tales como funcionario, servidor o empleado público.
Así como hay diferentes regímenes laborales para los trabajadores del Estado, hay varios tipos de responsabilidad, sanción, control, diferentes órganos encargados de juzgar, así como diferentes plazos rescriptorios.
Lo más frecuente es que los administrados no reciben decisiones producto de interpretaciones sustentadas en el sentido común, sino meras aplicaciones de los textos legales o  repeticiones de precedentes no idénticos a los casos actuales. Todo resulta más caro ya que muchas veces las decisiones terminan llegando a arbitraje, donde sí se logra revocar la decisión tomada inicialmente, multiplicándose los costos asumidos por los administrados.
Roberto Baca Merino
La profesionalización del empleo público es una meta constante en el desarrollo doctrinal a nivel comparado.  Lo que se busca con este nuevo concepto es tener una administración con funcionarios técnicos, permanentes, bien remunerados, eficientes y neutrales. Esto último es de vital importancia toda vez que la constante en los países latinoamericanos es la falta de independencia en los distintos niveles de gobierno, por no hablar de la corrupción u otros fenómenos más actuales como la captura del regulador.
Roberto va más allá de lo señalado por Verónica y hace una propuesta concreta e interesante, pero a la vez polémica. Señala que los regímenes laborales del sector público deben unificarse. Debemos aspirar a la unificación (¿codificación?) en un único régimen laboral que incluya a todos los trabajadores.
Concluye Roberto indicando que desde el siglo XIX en Francia, Alemania y España se ha desarrollado un proceso de unificación del régimen de empleo público. Ese fue el primer paso para poder llegar a una verdadera profesionalización.
Conclusiones y apreciaciones críticas.
i)                    Es necesario hacer modificaciones a nivel legislativo, no a nivel constitucional.
ii)                   Consideramos que en materia de reforma del Estado no se requiere un Código,  sino el trabajo de una mega comisión de expertos que analicen la dispersa legislación para una armoniosa reforma que elimine las contradicciones y esclarezca las competencias de las diferentes Administraciones Públicas.
iii)                 En materia de Empleo Público puede suscitarse una controversia entre lo planteado pro Roberto Merino (unificación en un solo régimen de empleo público) y lo sostenido por Toyama en el sentido de que al ser las situaciones laborales tan disímiles es inviable una unificación legal o un código del empleo público.

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